La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó un reglamento del Ayuntamiento de Hermosillo que permitía tomar posesión de viviendas deshabitadas para posteriormente venderlas o rentarlas a terceros, al considerar que el municipio rebasó sus facultades y vulneró el derecho a la propiedad privada.
El máximo tribunal resolvió de manera unánime que la autoridad municipal invadió atribuciones del Congreso local al establecer mecanismos para asumir la posesión de inmuebles y disponer de ellos como si fuera propietario.
Dicho esquema, promovido bajo el argumento de mejorar la imagen urbana, abría la posibilidad de que el gobierno municipal interviniera sobre bienes privados y los destinara a terceros, lo cual fue considerado fuera del marco constitucional.
Con esta resolución, la Corte establece un límite claro: los municipios no tienen facultades para legislar ni intervenir sobre la propiedad privada en esos términos.
El fallo protege el patrimonio de las familias y brinda certeza jurídica frente a intentos de intervención indebida sobre bienes particulares.
