Tener una buena administración pública debe ser un derecho constitucional: Dip. Natalia Rivera
Para reconocer el derecho de las y los ciudadanos a recibir del Gobierno servicios de calidad, con oportunidad, eficiencia, apertura y buen trato, la diputada Natalia Rivera Grijalva, a nombre de la Bancada Naranja presentó la iniciativa para que la Buena Administración Pública sea un derecho Constitucional.
“Incorporar la figura del derecho a la buena administración pública, significa poner como prioridad al ciudadano en el desarrollo de las actividades administrativas del Estado, obligando con ello a la administración pública a desempeñarse con respeto, sensibilidad y buen trato, en un marco de dignidad y protección de los derechos humanos en el ejercicio de su función.” Indicó la diputada ciudadana Natalia Rivera.
En la lectura de la propuesta legislativa presentada ante el Pleno del Congreso, se señaló que este derecho se ha aplicado en otros países dando muy buenos resultados al obligar a los gobiernos a respetar los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad, legalidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en la prestación de sus servicios públicos.
La Buena Administración Pública incluye más de 30 derechos que al estar dispersos en distintas normas, el ciudadano no puede ejercerlos plenamente y lo pone en una situación de desventaja frente a la autoridad.
Para resolver este desequilibrio se plantea que las oficinas públicas estén obligadas a elaborar y hacer pública una carta en la que expongan con claridad los derechos de los usuarios y las obligaciones de los funcionarios al momento de darse un servicio público, de tal forma que el ciudadano siempre tenga la mejor información para exigir servicios de calidad.
Las y los legisladores de Movimiento Ciudadano, Natalia Rivera, Rosa Elena Trujillo, Ernesto de Lucas y Jorge Russo proponen reformar el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Sonora para reconocer el derecho de toda persona a la buena administración pública y así mejorar la relación gobierno-ciudadano.
